So, we’ve had seven years of Plan Colombia which was initiated, famously, with 1.3 billion from the US and an additional 4-5 billion of Colombians’ money. The money paid for helicopters, mainly, and other military hardware and support to the Colombian army to fight ‘drugs’ – mainly to provide military support for aerial fumigation. It’s been 7 years with no effect on drug supply or demand, though there have been ‘successes’ in other realms – to which I’ll return. But first, the news – that after 7 years of Plan Colombia, they’re entering a second phase, according to El Tiempo, Colombia’s national newspaper (article below). Its features:
-It is around $44 billion pesos to start, which is about $23 million USD
-The “international community” will provide 30%
-It is a 6-year plan, going to 2013
-Over the course of the plan, some $3.6 billion USD will come from the US, $9 billion USD from Europe and Asia
-86% of the plan will go to ‘development’, 14% to military expenditure against ‘drugs’.
The first plan had the following features.
-Between 2000-2006, the US put $4.7 billion USD into Plan Colombia, the Europeans about $1 billion, and Colombia $7.5 billion.
-57% of this went to ‘fighting drugs’, 43% to ‘social investment’
In the very same edition of El Tiempo, we get a sense of the success of Plan Colombia. I have been a bit derilect in covering this here, but the shining jewel in the crown of Plan Colombia is the government’s negotiation with the paramilitaries, by which these mass murderers, who were always supported and trained and armed by the army and the US, confess their crimes, ‘reintegrate’ into society, and ‘put down their weapons’. The major media event in this is paramilitary commander Salvatore Mancuso’s ongoing confessions of his massacres, torture, and assassinations. This process, in which the government negotiates with itself and gives itself some benefits, has given rise to a movement of victims, families of victims of paramilitary massacre who have demanded truth and justice and who have entered the judicial process to have their voices heard.
One such courageous witness was Yolanda Izquierdo, who was murdered yesterday by a couple of gunmen on motorcycles. Her husband is dying. She had been threatened and had announced the threats in El Tiempo. Others: Freddy Abel Espitia, president of the Committee of the Displaced of Cotorra, killed on December 28.
The same article on Izquierdo’s murder provides a summary of some of the statistics from the Colombian Commission of Jurists, a human rights group, for the past 4 years.
20,102 killed
11,292 killed outside of combat
75.1% of killed outside of combat attributed to the state
397 per year, on average, killed by the guerrillas
1060 per year, on average, killed by the paramilitaries
1741 people killed in massacres
823 people tortured
6192 people arbitrarily detained
More than anything, this is a (partial) balance sheet of Plan Colombia itself, and one of the measures of its success. A full balance sheet would include the territories and resources that changed hands in the ‘agrarian counter-reform’ by which the paramilitaries displaced 4 million people from their land by way of these killings and massacres in order to hand the territory over for megaprojects. It would also include 3 more years of this. And changes to the constitution, the mining code, the labor law. The destruction of the labor movement and the social organizations. Someone is certainly profiting from all this, and wants to ensure that it continues, all the way to 2013.
Febrero 1 de 2007
Asesinan a mujer que asistió como representante de las víctimas a declaración de Salvatore Mancuso
Eran cerca de las 2 de la tarde cuando Yolanda y su esposo fueron abordados en la puerta de su casa por los dos sicarios.
Desde su asistencia a la primera versión libre del ex jefe paramilitar, en diciembre, comenzaron a llamarla para que se quitara del camino. Ayer, con seis tiros, dos sicarios sellaron las amenazas.
Yolanda Izquierdo acababa de salir a la puerta de su casa del barrio Rancho Grande de Montería, un humilde sector de la margen izquierda del río Sinú, para recibir a su esposo Francisco Torreglosa.
Dos hombres en motocicleta se les acercaron, cruzaron varias palabras con ellos y luego el parrillero disparó.
La campesina, que con el agricultor Manuel Argel encabezó la fila de víctimas de los paramilitares en las pasadas audiencias del ex jefe de las autodefensas Salvatore Mancuso, quedó tendida en el piso con seis tiros en el cuerpo. Su esposo, malherido, sigue en una clínica de Montería.
Corrieron a socorrerlo los vecinos, que desde agosto del año pasado vieron a Yolanda ir y venir en la búsqueda de certificados, mapas y escrituras que documentaban que ella y al menos otras 700 personas habían sido obligadas por los ‘paras’ a vender las parcelas que en 1990 les entregó la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor). Esta fue creada por los hermanos Castaño Gil y a través de ella Fidel, el fundador de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), entregó 10.000 hectáreas a 2.500 campesinos cuando se desmovilizó, en el 90, en respuesta al desarme del Epl, uno de los grupos que combatió.
Yolanda y Manuel se habían convertido en los voceros de los campesinos de esas tierras arrebatadas, vendidas o abandonadas a la fuerza desde el 2000, cuando comenzaron la presiones.
Yolanda denunció las amenazas en su contra a EL TIEMPO en la tercera semana de enero: “Cuando nos devolvimos para Córdoba, el 22 de diciembre, nos informaron que había una orden para matar a la mujer que coordinaba a las víctimas de Funpazcor, o sea a mí. Quieren que dejemos las cosas así”.
Personas cercanas al trabajo de los desplazados dicen que el crimen fue cometido por hacendados que están explotando las tierras que reclaman los campesinos.
La última advertencia para que Yolanda se quitara del camino fue el pasado jueves. “La llamó una mujer que dijo: Yolanda y Manuel, piérdanse que los van a matar”, le contó a este diario el abogado Mauricio Caballero, que representa a 863 víctimas de las Auc.
El jueves, el viernes, el lunes y ayer martes Yolanda fue a la Fiscalía a pedir protección. Los cuatro días, denuncia Caballero, le dijeron que debía esperar ocho días para que la solicitud hiciera trámite. “Yolanda era la que los alentaba a todos para que reclamaran sus tierras. Si no se hace nada, el próximo muerto va a ser Manuel”, afirma el abogado. El ataque contra la campesina, que a duras penas cargaba en el bolsillo lo del bus, es el tercero contra víctimas de las Auc en 15 días. Como si la idea fuera acabar con quienes están pidiendo justicia y reparación.
Los otros ataques
1. El domingo 28, desconocidos mataron a Freddy Abel Espitia, presidente del Comité de Desplazados de Cotorra (Córdoba).
2. El 20 de enero, le prendieron fuego a la sede de la Liga de Mujeres Desplazadas de Turbaco (Bolívar).
Buscó techo a muchos
Desde su desplazamiento, Yolanda Izquierdo lideró en Montería la Organización Popular de Vivienda (OPV), que dio techo a dos mil familias desplazadas.
Ella presentó el proyecto entre 1997 y 1998 y fue respaldado por la Alcaldía de la capital cordobesa.
“Nos dijeron que había una orden de matar a la mujer que coordinaba a las víctimas de Funpazcord, o sea a mí”.
Datos de 4 años
La Comisión Colombiana de Juristas presentó un informe sobre la situación de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, correspondiente al lapso junio de 2002 y julio de 2006. Algunos datos son:
Muertos: 20.102 personas murieron durante ese tiempo, incluyendo las muertes en combate.
Asesinatos: 11.292 personas fueron asesinadas o desaparecidas fuera de combate.
Estado: El 75,1 por ciento de las muertes fuera de combate se le atribuyeron al Estado.
Guerrilla: En promedio asesinó a 397 personas por año.
‘Paras’: En promedio asesinaron o desaparecieron a 1.060 personas cada año.
Masacres: 1.741 personas fueron muertas en masacres
Tortura: 823 personas fueron víctimas de este delito.
Detenciones: 6.192 colombianos fueron detenidos arbitrariamente durante este lapso.
